ARTÍCULO DE OPINIÓN: Piña orgánica: aclaraciones necesarias

POR: Luis Felipe Arauz Cavallini

Ministro de Agricultura y Ganadería

Recientemente han circulado en la prensa y en algunas redes sociales informaciones falsas sobre un caso relacionado con exportaciones de piña orgánica congelada, y sobre la participación del suscrito en él. 

1. El caso. Una empresa que procesa piña congelada orgánica, denominada Frutera La Paz, es parte de la Cámara de Agricultura Orgánica (CANAGRO), la cual, el 7 de marzo de 2016 acusa a una empresa que también procesa piña congelada orgánica, denominada Congelados y Jugos del Valle Verde (en adelante CCV), de hacer pasar como orgánica fruta que no lo es. La denuncia es interpuesta ante el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), ente desconcentrado adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que goza de personería jurídica instrumental, y es el órgano competente por Ley para atender esta materia. Esto es importante aclararlo porque CANAGRO aduce que el suscrito no hizo nada al respecto, siendo que por ley el órgano competente es el SFE. La denuncia fue acogida por el Director anterior del SFE, Ing. Francisco Dall’Anese y todo el proceso se llevó a cabo ahí. 

2. El contexto comercial. De acuerdo con el SFE, en Costa Rica en 2016 había 1404,3 hectáreas de piña orgánica certificada. Gran parte del producto que no califica para exportación como fruta fresca se exporta como fruta congelada. El mercado de piña orgánica congelada es limitado, comparado con la demanda de fruta fresca orgánica, y aún menor si se compara con fruta fresca convencional. En estas circunstancias la competencia en este segmento del mercado es muy intensa. 

3. Tratamiento de la denuncia de CANAGRO contra CCV. En el SFE existe un órgano encargado del Registro de Agricultura Orgánica (ARAO), cuya función es “llevar el re​​gistro de los productores y procesadores de vegetales orgánicos, según el Reglamento sobre la agricultura Orgánica." El Director anterior del SFE ordena una investigación preliminar a cargo de un órgano ad hoc ajeno a ARAO. Con base en esa investigación preliminar, el 18 de mayo 2016 se suspende la certificación orgánica a CCV, sin haberse seguido el debido proceso. Luego de que CCV presentara un recurso ante la Sala Constitucional, el SFE cambia la resolución e indica que la suspensión es una medida cautelar y abre un nuevo procedimiento, ahora sí con las garantías del debido proceso y el derecho de defensa que tiene todo administrado. La Sala Constitucional indicó que, con ese cambio, el error de procedimiento anterior se corrigió. El nuevo procedimiento NO logra demostrar el fraude denunciado por CANAGRO. Dos hechos independientes refuerzan esta conclusión del SFE. Primero, el Programa Nacional Orgánico (NOP por sus siglas en inglés) de los EEUU también investiga el asunto, igual con resultados negativos. Segundo, los análisis químicos de frutas y de suelo de la plantación que suple a CCV, no encontraron residuos de plaguicidas. 

Por otra parte, la Auditoría Interna del SFE detectó que el órgano ad hoc que condujo la investigación preliminar había compartido con una de las partes involucradas (CANAGRO) información confidencial, violentando así la imparcialidad de la investigación. Por esta razón al funcionario encargado del órgano ad hoc se le abrió un procedimiento disciplinario, el cual, luego del debido proceso, culminó con la suspensión del funcionario por ocho días. Es absolutamente falso que a él se le sancionara por hablar con un periodista, o por denunciar un fraude, como se ha dicho en redes sociales. Se le sancionó porque se le comprobó la falta denunciada por la Auditoría Interna del SFE. 

Ante las conclusiones del SFE (coincidentes con las del NOP), CANAGRO lleva el asunto a los tribunales de justicia, donde se está analizando. Al mismo tiempo decide ir a la prensa y al congreso, saca el asunto de la ruta correcta y lo convierte en un tema político en contra del suscrito. Con respecto a mi participación en este caso, lo cierto es que por respeto a los procedimientos reglamentarios y legales, no me correspondía intervenir mientras se llevaba a cabo el procedimiento administrativo por parte del órgano competente, y menos ahora que está en los tribunales. Si hago ahora esta relación de hechos, es por respeto a la opinión pública, como corresponde.