· Dos informes de Contraloría señalaron
“serios desórdenes” y “debilidades de control” en marzo 2010 y en diciembre 2016.
Estos no fueron atendidos.
· Los 20 deudores principales tienen
problemas de morosidad y se les sigue dando refinanciamiento.
· Riesgo de pérdida por ₡9.300 millones.
· Ministerio Público investiga denuncia
que Auditoría Interna pidió descartar, a pesar de estar mencionada en esa
acción.
· Representantes del movimiento
cooperativo en Junta Directiva rechazaron propuesta de representantes del
Gobierno para hacer una auditoría forense.
· Se requieren acciones urgentes para
restablecer las condiciones normales de funcionamiento del Instituto, que es
estratégico para las 594 cooperativas del país.
El
Gobierno intervendrá el Instituto Costarricense de Fomento Cooperativo
(INFOCOOP), ante problemas financieros reiterados que no se han solucionado, y
que exigen acciones urgentes para proteger al sector cooperativo. La decisión
se tomó en el Consejo de Gobierno hoy, tras analizar el reiterado
incumplimiento que INFOCOOP realizó de advertencias de la Contraloría General
de la República.
En
marzo del 2010 y en diciembre del 2016 el ente contralor emitió los informes,
de igual manera parte de las acciones determinadas como ruta de trabajo de la
Administración Solís Rivera en el INFOCOOP evidencian una serie de problemas,
desordenes e incumplimientos.
Incluso
el Ministerio Público investiga una denuncia anónima de funcionarios de la
institución que la misma Auditoria Interna solicito descartar.
La
intervención de 9 meses tiene una serie de objetivos para restablecer las
políticas internas que aseguren una adecuada distribución de la cartera de
crédito para cumplir con sus objetivos legales, generar medidas para establecer
mecanismos de control que garanticen la sostenibilidad del INFOCOOP y formular
el Plan Estratégico 2018-2022, para alinear la planificación institucional con
la legal.
“Estamos
cumpliendo con nuestra responsabilidad, conforme los planteamientos de
transparencia y probidad en el manejo de los recursos públicos que ha impulsado
la administración del Presidente Luis Guillermo Solís Rivera. Este Gobierno
tiene muy claro su compromiso con el sector cooperativo, que es estratégico
para Costa Rica, ya que es un sector productivo fundamental que genera empleo,
desarrollo territorial, competitividad y el cual, además, nos permite tener
recursos para poblaciones vulnerables que requieren atención y acompañamiento
”, explicó el Ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz.
PROBLEMAS SIN ATENDER
Los informes de la Contraloría General de la
República concluyen que el sistema de controles en la entidad podría estar muy
debilitado y poner en riesgo recursos que son estratégicos para apoyar a las
594 cooperativas del país, que generan más de 20 mil empleos directos y tienen
más de 887 mil personas asociadas.
Las
recomendaciones sin atender se remontan al año 2010. En ese año, la Contraloría
emitió el informe DFOE-ED-IF-5-2010, en el que reportó serios desórdenes, mal
manejo de la cartera crediticia, daño patrimonial, debilidades de control e
incumplimiento de objetivos, y situaciones de riesgo en el ámbito financiero y
operativo, entre otros hallazgos.
La
Contraloría emitió en el 2016 otro reporte, el DFOE-PG-IF-14-2016, en el que
volvió a señalar serios desórdenes, daño patrimonial, mal manejo de la cartera crediticia,
ausencia de supervisión adecuada, debilidad en el control interno, carencia de
metodologías para valorar y calcular los riesgos y errores matemáticos en el
cálculo de la tasa de equilibrio.
Además,
detectó que los 20 principales deudores tienen problemas de morosidad, pero se
les sigue dando refinanciamiento, e indicó que esta práctica resulta delicada
ya que INFOCOOP maquilló la morosidad mediante refinanciamientos, lo que afectó
el indicador de morosidad.
Esto
se refleja en una preocupante situación financiera, con una cartera de crédito
concentrada: 62% de los ₡15 mil millones están en 20 cooperativas. La morosidad
es de 7,18%, pero hay que considerar que no hay análisis de riesgo de la
cartera, ni de su concentración.
El
deterioro de activos por riesgo no se refleja en las estimaciones por
incobrables, y hay riesgo de pérdida de ₡9.300 millones.
La
estructura de controles debilitada se acompaña de una denuncia que investiga el
Ministerio Público. Precisamente la Auditoría Interna del INFOCOOP pidió
descartar ese caso, pese a ser mencionada en la denuncia. Y los miembros del
movimiento cooperativo en la Junta Directiva también rechazaron la posibilidad
de una auditoría forense, así como inquietudes externadas por el Ministro de
Agricultura Luis Felipe Arauz.
“La administración de INFOCOOP tuvo tiempo
para actuar y no lo hizo. Nosotros, como Gobierno, no podemos permitir que esto
se extienda, y debemos actuar, para recuperar los fines de la institución”,
declaró el Viceministro de Trabajo, Luis Emilio Cuenca.
Ante
este panorama, dado que INFOCOOP cumple una función legal de apoyar al sector
cooperativo, se acordó una intervención que permita investigar la situación en
la entidad, impulsar las acciones para que el Instituto funcione adecuadamente,
sanear las finanzas y atender con calidad al sector cooperativo.
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